El FC Barcelona sigue en medio del escándalo conocido como el “caso Negreira” que generó imputaciones por parte del juez, acusando al club y a varios de sus directivos de un delito específico: cohecho.
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Las repercusiones de este escándalo han sido notables y han afectado la imagen del FC Barcelona. En respuesta a las imputaciones, la Guardia Civil ha llevado a cabo registros en las oficinas del Comité Técnico de Árbitros (CTA), ubicadas en la sede de la Federación Española de Fútbol (RFEF) en Las Rozas, Madrid. Estas acciones se han llevado a cabo con el propósito de recopilar documentación relacionada con el caso Negreira.
El juez a cargo de la investigación ha decidido imputar un delito de cohecho al FC Barcelona como entidad jurídica, así como a los directivos del club y a las personas involucradas en el caso. El cohecho es un delito que castiga los sobornos destinados a obtener favores de funcionarios públicos.
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El caso Negreira se originó a raíz de una denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción en marzo pasado. La investigación se centra en el destino de aproximadamente 7 millones de euros que el FC Barcelona pagó a José María Enríquez Negreira y a su hijo Javier Enríquez Romero entre los años 2001 y 2018. Según el club, estos pagos estaban relacionados con informes sobre arbitrajes.
Sin embargo, el juez encargado de la investigación sospecha que estos pagos podrían haber sido una forma de retribución ilegítima a árbitros de fútbol en un contexto de posible corrupción sistémica en el Comité Técnico de Árbitros (CTA), especialmente durante el mandato de Negreira como vicepresidente de este organismo. Se cree que estos pagos podrían haber resultado en un trato desigual hacia otros equipos y en un impacto negativo en la integridad del arbitraje en España.
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A pesar de que Negreira no era un funcionario público en el sentido estricto, el juez considera que su papel en el CTA le otorgaba una condición similar a la de un funcionario a efectos penales. El juez también destaca que los pagos del FC Barcelona a Negreira y su hijo se realizaron durante un período de 18 años, con un incremento sustancial en la cantidad anual que coincidió con el tiempo en que Negreira ejercía su influencia en el CTA.
Un elemento clave en esta investigación es una “carta intimidatoria” enviada por Negreira al FC Barcelona en 2018, después de que el club decidiera prescindir de sus servicios. En esta carta, Negreira amenazó con revelar supuestos actos ilícitos que podrían perjudicar gravemente al club. Este hecho lleva al juez a concluir que Negreira tenía conocimiento de la posible ilegalidad de sus actos y posiblemente también de otros actos desconocidos hasta el momento.
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El juez instructor sostiene que el delito de cohecho, tanto pasivo como activo, se habría consumado una vez que se demostraron los pagos realizados, independientemente de si se confirma o no la corrupción sistémica en el arbitraje español como resultado de estos pagos. La Guardia Civil está llevando a cabo investigaciones adicionales para confirmar estas sospechas.
