Cuando parecía disiparse la pelea legal entre Envigado y Millonarios por el caso de Jefferson Martínez, vuelve a relucir el tema en la esfera pública ante un pase que nunca se habría completado. El actual golero del Junior es el protagonista de las irregularidades, dejando a ambos equipos peleándose de ‘cabo a rabo’.

En la disputa legal, el presidente Ramiro Ruiz, quien comanda al cuadro antioqueño, denuncia la pérdida de evidencias clave en el pleito jurídico, que podría derivar en una incertidumbre total.

El origen de todo

Para el segundo semestre de 209, Envigado y Millonarios protagonizaron el traspaso de Jefferson Martínez, actual arquero del Junior de Barranquilla, en el cuadro bogotano. Se habló de una “cesión y compra obligatoria”, cuyo valor inminente correspondía a los 550.000 dólares.

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La cuestión es que Millonarios únicamente pagó una cuota de USD $150.000, por lo que lo demás quedó faltando. Como si fuera poco, el futbolista renunció a los ‘Embajadores’ posteriormente. A partir de allí, se desató el arenero.

Según alega la ‘Cantera de Héroes’, la compra debía ser obligatoria pase lo que pase. Se trataba del 80% de los derechos deportivos del jugador.

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¿Se perdieron las pruebas?

Después de la primera audiencia, esta misma que podría marcar el ‘inicio del fin’ en el asunto, se habrían perdido elementos vitales. El presidente de Envigado, Ramiro Ruiz, no podía creérselo.

“Hace más o menos dos semanas tuvimos la audiencia después de casi tres años. (...) El fin de semana empezó un rumor y por terceras personas nos dijeron que había un problema con los audios. En dos temas específicos no hay grabación, exactamente en el testimonio del doctor Camacho y el mío, que son pruebas muy relevantes.

Ayer en la mañana nos avisa el secretario de la Comisión que hubo un problema, y que habría que repetir la audiencia. Es algo gravísimo porque primero no se informó de la situación”.

—  Ramiro Ruiz, presidente de Envigado.

La postura en Envigado es muy clara: hablaban de una venta obligatoria de Millonarios, esa que no pudo efectuarse. La resolución del caso deberá finiquitarse lo más pronto posible, dada la coyuntura del caso y el escándalo nacional que se destapó ante el negocio fallido.